¿Qué hacer en caso de violación de la propiedad Industrial?

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La propiedad industrial son los derechos que puede tener una persona física o jurídica sobre una invención, un diseño o un signo distintivo. Esta propiedad otorga dos derechos a la persona que ha creado la patente o marca en cuestión; el primero es que le da derecho a utilizarla, y el segundo, le da derecho a prohibir que una tercera persona o entidad lo pueda hacer.
 
El derecho de prohibir es la parte que más destaca de este privilegio, ya que el titular del mismo puede reclamar el pago de royalties para otorgar una licencia de uso a terceras personas, pero casi todos los derechos que se contemplan en la propiedad industrial tienen caducidad y límites territoriales. Además, el derecho a prohibir también se puede agotar una vez se ha comercializado con la licencia otorgada por el titular.
 
Las empresas titulares de los derechos de propiedad industrial deben responder ante las violaciones de estos privilegios, ya que pueden perjudicar en gran medida. Lo primero que debe hacerse es conseguir restablecer los derechos que han violado de la manera más rápida posible, y para ello deberá elegir entre la vía judicial o procedimientos alternativos, como podría ser la mediación, aunque estos no siempre son aceptados por ambas partes.
 
Violación de la propiedad Industrial: civil vs penal
 
Dentro del procedimiento judicial se puede tratar el conflicto por vía civil o penal.
 
Un procedimiento civil puede conseguir la cesación de los actos que violan el derecho, indemnización por daños y perjuicios, el embargo de los objetos producidos y su atribución, junto con la adopción de medidas para que no vuelva a producirse este problema, gracias a las leyes que contemplan estos derechos. Para ello, es necesario interponer una demanda, pero como los procedimientos judiciales pueden llegar a alargarse demasiado, puede que sea más interesante solicitar medidas cautelares que cesen los actos que prohíbe la ley de propiedad industrial, ya que agilizará la solución y disminuirán los daños que pudieran ser ocasionados. Otra medida similar a la anterior son las diligencias preliminares, que es la solicitud de información para redactar la demanda, pero en ambos casos es necesario ofrecer una fianza.
 
 
Si por el contrario, se escoge la vía penal para resolver el conflicto es porque la violación de los derechos llevada a cabo puede ser determinada como delito. Al interponer la correspondiente denuncia este procedimiento judicial podría ser más rápido, aunque habrá que tener en cuenta el tiempo necesario para la realización de tasaciones y peritaciones. Además de las posibles penas de prisión, el demandante también podrá exigir indemnizaciones por daños y perjuicios.